Declaran la emergencia agropecuaria en Necochea por inundaciones

El Gobierno nacional formalizó la declaración de emergencia agropecuaria para el partido de Necochea y la totalidad del distrito de 9 de Julio, tras los anegamientos provocados por intensas lluvias a principios de año. La medida, instrumentada a través de la Resolución 1850/26 del Ministerio de Economía, regirá retroactivamente desde el 1 de mayo y se extenderá hasta el sábado 31 de octubre de 2026 para aliviar las pérdidas del sector productivo.

Alcance territorial y trámites obligatorios

En el distrito necochense, la normativa abarca exclusivamente a las circunscripciones II, III, IV y XII, mientras que en 9 de Julio comprende a todo el territorio. Para acceder a los beneficios fiscales nacionales, los productores rurales deberán demostrar que sus explotaciones se encuentran dentro de las zonas delimitadas y realizar las gestiones correspondientes ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A su vez, la administración del gobernador bonaerense, Axel Kicillof —quien ya había firmado el decreto provincial a fines de agosto—, tendrá la obligación de remitir a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado definitivo de los productores alcanzados junto con los certificados que validen su situación.

Herramientas de alivio fiscal

La normativa habilita a los damnificados a solicitar diversas medidas impositivas para paliar el impacto económico del exceso de agua, complementando las acciones provinciales y municipales. Entre los beneficios se incluye el diferimiento en los vencimientos del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el Fondo para la Educación y Promoción Cooperativa, además de la postergación de obligaciones y posibles exenciones del componente impositivo mensual para monotributistas.

El esquema también contempla la suspensión de juicios de ejecución fiscal por deudas tributarias hasta la finalización del período de emergencia, la deducción impositiva total por ventas forzosas de hacienda de ganado bovino, ovina, caprina o porcina, y la posible liberación de retenciones del Impuesto a las Ganancias sobre pagos por comercialización de bienes bajo la Ley 26.509.