La Justicia levantó la cautelar que frenaba los aumentos en la tarifa de luz

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata resolvió otorgar efecto suspensivo a las apelaciones presentadas contra el freno judicial a las tarifas eléctricas en la provincia de Buenos Aires. Con esta decisión, quedó provisoriamente sin efecto la medida cautelar que impedía la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, una disposición que alcanza tanto a las grandes distribuidoras provinciales como a más de 200 cooperativas del interior, entre ellas la Usina Popular Cooperativa (UPC) que opera en Necochea y Quequén.

El pronunciamiento judicial, firmado el 15 de octubre de 2026 y notificado formalmente al día siguiente, dio curso favorable a un recurso de queja impulsado por la Fiscalía de Estado bonaerense, al que adhirieron las empresas prestatarias EDELAP, EDEA, EDES y EDEN, junto al sector cooperativo. La determinación de la Cámara marplatense revierte de forma transitoria la cautelar que había emitido previamente el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca a partir de una presentación de la Defensoría del Pueblo.

Alcance del cuadro tarifario provincial

El conflicto tiene como eje la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, publicada el 30 de julio de 2026. Dicha normativa aprobó esquemas con subas estimadas de entre el 1,5% y el 3,5% sobre las facturas finales, aplicables a consumos registrados a partir de julio y agosto de 2026, según las precisiones del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).

Los ajustes contemplan tanto variaciones en el Valor Agregado de Distribución (VAD), costo vinculado a la prestación operativa del servicio, como modificaciones en los valores mayoristas de la energía fijados por el Gobierno nacional. El impacto final depende de la categoría tarifaria de cada usuario, su nivel de demanda y la compañía que brinda el suministro.

La revocación temporal de la cautelar habilita la vigencia de estos cuadros y anula la obligación que tenían las prestatarias de retrotraer los ítems cuestionados. Para el caso puntual de la UPC en el distrito, no existe una estimación oficial que defina un porcentaje uniforme para la totalidad de los asociados, ni la resolución implica de forma automática un ajuste adicional inmediato en las próximas boletas.