Nación oficializó la emergencia agropecuaria por inundaciones en Necochea

El Gobierno nacional formalizó el reconocimiento del estado de emergencia y/o desastre agropecuario para las explotaciones rurales golpeadas por los anegamientos en el partido de Necochea, una medida que homologa la normativa dispuesta previamente por la administración bonaerense.

Alcance territorial y períodos vigentes

La disposición, instrumentada a través de la Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo y publicada el lunes 26 de octubre de 2026 en el Boletín Oficial, abarca específicamente a las circunscripciones II, III, IV y XII del distrito. El lapso establecido para la asistencia se extiende desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026, fecha en la que finaliza el ciclo productivo contemplado.

El texto normativo también comprende al partido de Nueve de Julio bajo los mismos parámetros. La convalidación del Poder Ejecutivo nacional llega tras el decreto 1270 dictado por la Provincia de Buenos Aires el pasado 31 de agosto, completando el procedimiento administrativo indispensable para activar las herramientas de contención contempladas en la Ley 26.509.

Herramientas de asistencia y requisitos

El marco legal distingue dos niveles de afectación según el impacto sobre la capacidad productiva: la categoría de emergencia exige un daño de al menos el 50 por ciento, mientras que el desastre agropecuario requiere una pérdida del 80 por ciento o más. Entre las medidas previstas se encuentran prórrogas para los vencimientos impositivos a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), facilidades crediticias, créditos con tasas bonificadas y la suspensión temporal de ejecuciones fiscales.

Para acceder a los beneficios, los productores damnificados deberán tramitar un documento expedido por la autoridad competente de la Provincia de Buenos Aires que compruebe que sus predios se ubican en las zonas delimitadas y cumplen con los parámetros de afectación. A su vez, la administración provincial remitirá el listado consolidado de los campos involucrados a los organismos nacionales pertinentes, mientras que los bancos oficiales o mixtos y ARCA deberán adecuar sus procedimientos para instrumentar la asistencia.